Por fin empezamos a ver casos de uso real del Blockchain en la administración pública. La tecnología Blockchain se ha empezado a aplicar a multitud de sectores como la industria, la educación o la energía y, como no podía ser menos, el sector público también se ha dado cuenta de sus potencialidades.
El sector público se encuentra en pleno desarrollo de un nuevo modelo de Administración Pública, cuyo objetivo es apoyar a ciudadanos 4.0 implicados en esa transformación digital. En este sentido, la cadena de bloques ofrece un gran número de ventajas, como la seguridad de los datos de millones de personas y la inviolabilidad de sus propias bases de datos.
Aplicaciones de Blockchain en la administración pública
Hablar de Blockchain es hablar de transparencia. Por lo que esta tecnología se convierte en la gran aliado para llevar a cabo los procesos que afectan a los ciudadanos y lo público, como por ejemplo:
Procesos electorales telemáticos: una iniciativa que ya está dando sus primeros pasos en Colombia. El voto electrónico con Blockchain puede solventar dificultades de transparencia y privacidad, garantizando que solo se emite una vez y que el recuento es escrupulosamente correcto.
Evitar el fraude y la corrupción: la reducción del fraude o de la corrupción se pueden hacer efectivas a través de esa transparencia. Lo cual mejora el intercambio de datos entre el Gobierno y los ciudadanos.
Automatización de procesos: gracias a la aplicación de Blockchain en la administración pública se pueden automatizar procesos con la creación de contratos inteligentes para multitud de gestiones.
Por ejemplo, los registros a través de certificados digitales agilizan los trámites y eliminan intermediarios permitiendo una mejor administración electrónica. De esta manera, habrá procesos optimizados, con mayor seguridad y flexibilidad y menores tiempos en las tramitaciones.
La aplicación del blockchain en la administración pública es muy amplia: se está implementando para la gestión de identidades, en las transacciones financieras y la creación de carpetas ciudadanas. Del mismo modo, para registros de propiedades, patentes y otros derechos de propiedad intelectual.
Por otro lado, la Blockchain mejora los procesos de licitación y concursos públicos. El acceso a datos más completos y confiables supone que empresas municipales y entidades públicas tengan una mejor toma de decisiones a todos los niveles.
Identidad Digital y Blockchain
Una de las grandes ventajas del Blockchain en la administración pública es el control y autenticación electrónica de identidades. Esto puede ser especialmente útil para la administración de áreas como la salud, la justicia o la educación.
Las posibilidades que otorga el blockchain para la administración pública de los datos son infinitos. ¿Te imaginas contar con una identidad digital a través de la cual puedas tener acceso a todos tus datos? Como por ejemplo de la seguridad social, vida laboral, títulos académicos, datos biométricos, registros de la propiedad, etc…
La tecnología Blockchain permite contar con una carpeta ciudadana o administración electrónica mediante la cual el ciudadano puede acceder a todos sus datos personales para realizar gestiones y transacciones. Esto no solo es útil, sino que agiliza los procesos y evita la tan odiada burocracia.
Identidad Auto-Soberana
Es así como llegamos al concepto de identidad auto-soberana. El emprendedor y tecnólogo Christopher Allen, definió en 2016 las características de esta identidad, destacando tres rasgos principales:
- Acceso y control de los datos por parte del usuario.
- La portabilidad de dichos datos.
- Y la posibilidad de decisión por parte del individuo. Es decir, las personas pueden decidir qué información exponen, lo cual entra en contraposición total con las redes sociales y el total dominio que tienen de nuestra información.
La fuga de datos que tuvo Facebook en 2018 puso este tema sobre la mesa. Sin embargo, con una identidad auto-soberana, las personas tendrán control total sobre sus datos, con quién los comparten y cuándo.
En definitiva, el blockchain puede otorgar la transparencia y la trazabilidad necesarias para que la transferencia de información entre el Gobierno, los individuos y las empresas sea ágil y, sobre todo, segura.
